ADC

Luego de investigar sobre el estado de situación de las tecnologías de vigilancia en el país entre el 2020 y el 2021, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta un nuevo informe que pone el foco en las contrataciones del Estado argentino con empresas que, en muchos casos, son cuestionadas por defensores de derechos humanos. Tecnologías de Vigilancia en Argentina se mete de lleno en el funcionamiento de las alianzas público-privadas efectuadas por distintas provincias y municipios, yendo desde el Tigre hasta Salta.

“Las contrataciones y alianzas entre el sector público y privado para el desarrollo y utilización de tecnologías de vigilancia suelen estar caracterizado por la poca transparencia. Conocer el detalle sobre cómo se producen estas contrataciones es fundamental para que podamos promover mecanismos adecuados donde tanto Estados como empresas se comprometan a respetar y proteger los derechos humanos, a la vez que existan mecanismos de reparación eficientes cuando se vulneren derechos”, indicó Alejo Kiguel, investigador de la ADC y autor del texto.

El informe surge luego de constatar el despliegue de tecnologías de vigilancia en Argentina y de las pocas evaluaciones de impacto en derechos humanos efectuadas sobre ellas. Hoy en día, varias localidades están anunciando el uso de estas herramientas e informando contrataciones con empresas privadas que proveen estos servicios.

Sin embargo, poco se conoce sobre los acuerdos a los que llega el Estado. El reporte indaga las contrataciones efectuadas entre la provincia de Córdoba y la empresa israelí AnyVision, el acuerdo entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la compañía Hikvision, y el avance de la tecnología provista por la israelí Cellebrite en todo el país, entre varios otros.