Por los Prof. Dr. Ricardo A. Basilico y Prof. Dr. Mariano N. Lema.
En el anteproyecto de reforma del Código Penal de la República Argentina -del cual somos integrante y asesor respectivamente-, hemos examinado las figuras de crimen organizado y decomiso anticipado, así como su impacto en el Estado de derecho, la cooperación internacional y la gobernabilidad democrática. Estas figuras representan un
avance crucial en la lucha contra el crimen organizado, al proporcionar herramientas efectivas para desarticular sus estructuras delictivas.
La figura diferencia claramente entre asociaciones ilícitas y crimen organizado, basándose en la complejidad estructural de las organizaciones, garantizando así una aplicación precisa de las sanciones.
El nuevo enfoque propuesto en el artículo 210 del ordenamiento sustantivo no solo refuerza el marco legal argentino para combatir el crimen organizado, sino que también se alinea con las mejores prácticas internacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) establece parámetros esenciales para enfrentar este tipo de criminalidad, y la reforma del Código Penal sigue estos lineamientos al incorporar una definición amplia y precisa de las organizaciones criminales transnacionales.
Además, la inclusión de delitos complejos como el lavado de dinero, el tráfico de personas y el terrorismo refleja la necesidad de adaptar la legislación penal a los desafíos contemporáneos, donde las organizaciones criminales se han vuelto más sofisticadas, utilizando tecnologías avanzadas y aprovechando las lagunas legales existentes entre
jurisdicciones.
La diferenciación entre asociación ilícita y crimen organizado, así como la introducción de penas agravadas para líderes y la exención de responsabilidad para agentes encubiertos, permite una aplicación más justa y eficaz de la ley, asegurando que las sanciones impuestas sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos y al rol desempeñado dentro de la organización criminal.
El decomiso anticipado se presenta como una herramienta clave para debilitar el poder financiero del crimen organizado, permitiendo al Estado cortar de forma preventiva los recursos que sostienen estas actividades. Además de su función punitiva, tiene un enfoque restaurativo, orientando los bienes decomisados hacia la utilidad pública en áreas como salud, educación y seguridad. Esta capacidad de actuar antes de una sentencia firme es esencial para reducir la operatividad de estas organizaciones y mostrar la determinación del Estado.
La cooperación internacional y regional es fundamental en la lucha contra el crimen organizado, ya que estas redes operan más allá de las fronteras nacionales. La capacidad del Estado para actuar de manera efectiva y respetando
los derechos fundamentales contribuye a un sistema de justicia más equitativo, reforzando la confianza pública y la legitimidad del Estado. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para asegurar la legitimidad de las medidas y prevenir abusos de poder.
También se identificaron desafíos para asegurar la efectividad a largo plazo, incluyendo la necesidad de adaptación continua del marco normativo, la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la cooperación internacional. La integración de tecnologías avanzadas y la modernización del sistema penal son esenciales para enfrentar un fenómeno delictivo en constante evolución.
En conclusión, la implementación de las figuras de crimen organizado y decomiso anticipado en el Código Penal argentino representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones criminales sofisticadas y el fortalecimiento del Estado de derecho. Para asegurar un impacto positivo y sostenible en la seguridad y la gobernabilidad del país, estos esfuerzos deben complementarse con prevención del delito, cooperación internacional y respeto a los derechos fundamentales. Estas herramientas, junto con un firme compromiso de todos los actores involucrados, permitirán a Argentina enfrentar las amenazas del crimen organizado y avanzar hacia un sistema de justicia justo y equitativo.
Esta contribución breve se realiza como un análisis del proceso de creación y consolidación de estas figuras, y como un punto de partida para futuras discusiones y ajustes necesarios, en busca de un marco normativo que garantice la seguridad, justicia y bienestar de todos los ciudadanos.
Ricardo A. Basílico, Juez de Cámara. Abogado, Universidad del Salvador – Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas. Título homologado al Título Español de Licenciado en Derecho Expedido por l Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación y Ciencia de España. ESPAÑA. “Doctor en Ciencias Penales”. Universidad Argentina John F. Kennedy.
“Doctor en Derecho Penal y Procesal Penal”, Correspondiente al Programa de Doctorado 1997/1999,
Universidad de Sevilla, obteniendo la Máxima calificación Académica, Sobresaliente “Cum Laude”, por
UNANIMIDAD. UNIVERSIDAD DE SEVILLLA. ESPAÑA. “Doctor en Psicología Social”. Universidad John F Kennedy. Especialidad en Notariado. Título: Escribano. Universidad del Salvador.
Facultad de Ciencias Jurídicas. “Especialista en Finanzas y Derecho Tributario” Universidad de Belgrano. “Doctor en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia,” UNED,
Madrid, España Real Decreto 309/ 2005 UNED. “Post Doctorado en Ciencias Penales”, por la Universidad Nacional de La Matanza. Argentina. Post- Doctor por la Universidad de Bolonia – Italia.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal. Presidente de IPADEP sede Argentina. Miembro Fundador de la Academia Hispanoamérica en Ciencias Jurídicos Penales. Miembro de la Academia Argentina en Ciencias Penales. Director de la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Profesor de Derecho Penal C.P.O. Universidad de Buenos Aires. UBA. “Visiting Professor” para Doctorado de “Università Degli Studi di Verona”. Italia.
Profesor- Investigador de “Pos-Doctorado” del Programa de Pos Graduaçao em Direito de la Faculdade de Direito de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Brasil. Profesor Titular de Derecho Penal Parte General y Especial de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Profesor de Posgrado de “Sociología Criminal”, Especialidad en Ciencias Penal Universidad del Salvador. Profesor Titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Maestría en Derecho Penal Internacional, UNICRI (Naciones Unidas y Universidad Kennedy, Argentina). Profesor de Posgrado la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral. Argentina. Profesor Titular de Posgrado (Especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profesor de Posgrado en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina. Profesor Titular de Posgrado de la Universidad Católica Argentina. Profesor Investigador (con Doctorado), aceptado por la Ludwing Maximus Universität München (Profesor Dr. Claus Roxin) y por Max Plank Institut Freiburg. (Profesor Dr. Häns-Jörg Albrecht). Profesor Invitado de la Universidad de Sevilla, UNAM, México, Universidad de Murcia y Universität Heidelberg Institut Für Kriminologie. Presidente del Tribunal de Evaluación de Tesis Doctoral de Doctorandos de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) Docente Investigador , otorgado por Concurso de Antecedentes por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Profesor Invitado de la Universidad Hispalense de Sevilla, Universidad de Murcia y Universidad Nacional de Educación a Distancia, España y Univesität Heidelberg- Alemania.
Delegado Embajador del Parlamento Internacional de Educación. Designado por Antecedentes en representación de ARGENTINA 2016. 2015 diploma al Mérito Académico Colegio de Profesores de Derecho Penal por la UNAM, México. 2011 diploma y Medalla al Mérito Académico por el Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, México, D.F. 2011. Profesor Honoris Causa por la Universidad de Cuvate, México. 2004. Miembro Mayor de la Asociación Internacional de Abogados ( F.I.A.) con sede en Washington D.C. (Washington D.C. febrero 2004). 2003 Miembro de Honor del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad del Salvador, designado por unanimidad. ( Mayo 2003). 2002/2003. Becario del D.A.A.D en Max Planck Institüt,Friburgo y de la Universität de Heidelberg, Alemania, Trabajo de Investigación sobre “La Cuestión de la Corrupción Pública en el Derecho Comparado”, con especial referencia al Delito de “Negociaciones Prohibidas a Funcionarios Públicos”, bajo la Dirección de los Profesores Albin Eser y Dieter Dölling. 2001/2002. Miembro de la Comisión Redactora de la ley de Ministerio Público de la Provincia del CHUBUT, sancionada el 27 de octubre de 2003. Mención por la labor Académica realizada en la Universidad de Murcia, certificado por el Sr. Prof. Jaime Peris Riera, Coordinador Ejecutivo de los Estudios Superiores de Criminología de la Universidad de Murcia, España, 31 de octubre de 2001, entre otros. Autor de varias publicaciones. Director de la revista en Ciencias Penales y Sistemas Judiciales de la Cátedra de Derecho Penal Especial de la Universidad de Belgrano, editorial “IJ Editores”. Miembro integrante“ad-honoren” para la Comisión de Trabajo para la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código penal de la Nación, según la Resolución 25/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación.
Mariano N. Lema, es Abogado por la Universidad de Belgrano. Posgrado en especialización de Derecho Penal por la Universidad de Belgrano. Diplomado en internacionalización de la educación superior por la Universidad de Belgrano. Graduado en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Bs. As. Relator de Secretaria en Juzgado de Garantías en lo Penal en Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (PJBA). Capacitado en National Institute of Mental Health and Neuro Sciences. Asesor “ad-honoren” para la Comisión de Trabajo para la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código penal de la Nación, según la Resolución 25/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación. Ex Abogado Consultor en Comité de Ética e Investigación del Hospital Braulio A. Moyano. Investigador en comité de investigación de la Asociación de investigadores de derecho penal ambiental y climático (AIDPAC). Profesor Coordinador Docente de Grado por la Universidad de Belgrano (UB) en la carrera de Abogacía asignatura “Derecho Penal Parte Especial”. Profesor en Instituto Peruano-Argentino de Derecho Penal (IPADEP) para el «curso Internacional de actualización en el sistema penal y procesal penal». Profesor en Universidad Nacional del Oeste en convenio con el IEJ de la SCJBA para el curso de posgrado «Nuevas modalidades delictivas en el sistema penal actual». Profesor invitado (Visiting Professor) por la Universidad Kennedy para la Diplomatura internacional en teoría del delito y criminología que se dicta en el Ministerio de Seguridad sobre «Régimen actual del sistema adversarial y nuevos ordenamientos procesales nacionales y latinoamericanos». Profesor invitado
(Visiting Professor) por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para la Diplomatura internacional en Teoría del delito y criminología sobre “La culpabilidad y neurociencias”. Coordinador de la revista en temas del sistema penal actual de la casa editorial DyD. Integrante de la Secretaría de redacción de la Revista en Ciencias Penales y Sistemas Judiciales IJ Editores. Autor, co-autor, actualizador, coordinador y colaborador académico en publicaciones y obras bibliográficas. Premio a la distinción académica por la Universidad de Belgrano. Reconocimiento Honorífico internacional a su trayectoria y a sus contribuciones jurídicas por el Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal.
Por los Prof. Dr. Ricardo A. Basilico y Prof. Dr. Mariano N. Lema.
