FUENTE: CONSENSOSALUD
Columna de opinión escrita por el Dr. Juan Pierre, Gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Por el Dr. Juan Pierre, Gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Fue oficializado el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025 que instituye el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA). Esta iniciativa surge en un contexto de creciente judicialización del sistema de salud argentino, donde los amparos se han convertido en una vía recurrente para acceder a tratamientos, medicamentos y prestaciones. PROMESA se presenta como una herramienta concreta para mejorar esa realidad.
Una respuesta innovadora ante un problema estructural
La creación de un procedimiento de mediación específico en salud responde a una necesidad impostergable: generar soluciones rápidas, colaborativas y efectivas para resolver conflictos entre personas usuarias del sistema y sus prestadores. PROMESA promueve una instancia previa al proceso judicial que apunta a facilitar acuerdos sin necesidad de litigar, con ventajas evidentes para todas las partes.
La mediación es voluntaria para quien inicia el reclamo, garantizando el pleno respeto al acceso a la justicia. Además, se plantea con plazos breves, requisitos claros y un enfoque de confidencialidad que protege a quienes participan.
Fortalezas del procedimiento
1. Descongestión judicial: al brindar una alternativa eficaz antes del amparo, se reduce la sobrecarga de los tribunales y se mejora el tiempo de respuesta del sistema de justicia.
2. Especialización del cuerpo de mediadores: la norma prevé la capacitación específica de los mediadores y la conformación de un Registro Nacional, lo que permite abordar los conflictos desde una mirada integral y técnicamente fundada en materia sanitaria.
3. Agilidad, gratuidad y cercanía: PROMESA incorpora mecanismos digitales, acorta los plazos del procedimiento y evita costos para la persona requirente, facilitando el acceso especialmente en casos de urgencia.
4. Participación estatal activa: el Ministerio de Justicia y el de Salud asumen un rol de implementación y control que fortalece la institucionalidad y garantiza que la mediación no se convierta en una formalidad, sino en una instancia útil, eficiente y segura.
5. Modelo federal y replicable: el decreto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema, abriendo la posibilidad de establecer un estándar nacional en la resolución de conflictos en salud que mejore la equidad en el acceso al derecho.
Un sistema con potencial transformador
PROMESA no sólo busca resolver conflictos particulares. Su implementación puede contribuir a generar buenas prácticas, fomentar la transparencia y construir relaciones más justas y sostenibles entre prestadores y personas usuarias. La experiencia acumulada a través de estos procedimientos puede retroalimentar al propio sistema de salud, ayudando a identificar fallas estructurales, promover soluciones colaborativas y reducir la necesidad de intervención judicial.
Este enfoque colaborativo, preventivo y especializado tiene el potencial de marcar un antes y un después en la forma en que se abordan los reclamos en salud. Su éxito dependerá, en gran medida, del compromiso de los actores involucrados y del fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacerlo realidad.
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