Por Juan Martin Tito
La discusión sobre la seguridad en Argentina es una cuestión recurrente: Todos los días amanecemos con la noticia de un violento robo o de vecinos aterrados por la aparición de una nueva banda aumentando la sensación de inseguridad. Pero la sensación de inseguridad no es solo una sensación como algunos quieren plantear, sobre todo en las principales areas urbanas: Según uno de los últimos informes del Ministerio de Seguridad Nacional la provincia de Buenos Aires lidera las cifras de víctimas de homicidios dolosos (838) junto con Santa Fe (359); crecieron exponencialmente las víctimas de delitos contra la integridad sexual en Buenos Aires (4.242 casos en el 2019 contra 19.696 en el 2021); los casos de abuso sexual pasaron de 1800 a 2595; y los robos en Buenos Aires lideran el ranking nacional con 115.000 casos, muy lejos del resto de las provincias.
¿Qué se puede hacer frente a este panorama? Algunos dicen que si mejoramos la situación económica la inseguridad va a bajar,sin embargo, hablar de pobreza para hablar de inseguridad no solo es reducir el debate a un absurdo sino que es hasta clasista. Hay muchas personas que tienen la desgracia de no poder encontrar un trabajo y eso no las convirtió en delincuentes, al contrario, pasaron a buscar otras formas de ganarse la vida. Otros dicen que si sacamos más policías y aplicamos políticas de “mano dura” el crimen se va a reducir. Y si bien es cierto que más policías en la calle pueden aumentar la sensación de seguridad y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, lo cierto es que responder únicamente con mano dura nos va a llevar a una espiral de violencia que no responde al problema de fondo: Relaciones sociales rotas; sensación de estancamiento; problemas de confianza en el sistema; y ausencia de contención.
Para cambiar realmente el paradigma de la seguridad en Argentina hay que empezar a hablar de políticas tendientes a aumentar nuestro capital social; hay que empezar a hablar un sistema de justicia que de garantías en el procesamiento y cumplimiento de las penas; y hay que empezar a hablar de una reforma de nuestro sistema penitenciario.
¿Por qué hablar de capital social? Ya lo dijo hace varias décadas el sociólogo Robert Putnam: En la medida que generemos confianza dentro de nuestra sociedad y reforcemos nuestras redes de relaciones interpersonales, todo mejora. Para ponerlo en términos más simples: Un chico que va al club a jugar a la pelota, que va a la escuela y que tiene una familia que lo respalda es menos propenso a caer en la delincuencia. Hoy gracias a las sociedades de
fomento y clubes de barrio, miles de chicos no están en la calle y es eso lo que tenemos que seguir fomentando por medio de políticas que faciliten su oficialización en el sistema y financiamiento. No puede ser que inscribir una fundación sea más complicado que sacar una habilitación para utilizar armas de fuego.
¿Por qué hablar de un sistema de justicia que de garantías en el procesamiento y cumplimiento de las penas? Hoy en Argentina tenemos un sistema carcelario colapsado. Según los últimos informes del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en Argentina los presos y las presas, contando sólo las personas detenidas en unidades de detención “penitenciaria”, llegaron a 94.944 a fines de 2020, arrojando una tasa
de 209 cada 100 mil habitantes. Siguiendo con la misma fuente, SNEEP 2020, si se contabilizan las 11.615 personas detenidas en comisarías de todo el país, las personas presas en 2020 ascendían a 106.559 y, por lo tanto, representaban una tasa de 235 personas cada 100 mil habitantes. Si bien estas cifras están lejos de tasas como la de Estados Unidos que es de 614 sobre 100.000 habitantes, la realidad es que la falta de resolución por parte de la justicia para determinar las penas están generando que haya un colapso en el sistema que trae entre otras cosas el famoso efecto “puerta giratoria” en las que por diversos motivos las dependencias policiales se ven forzadas a liberar a presuntos delincuentes. Pero el problema no termina en este punto: Hoy nuestro código penal requiere de una profunda revisión dadas las nuevas modalidades de delito y de nuevos contextos que se vienen dando. Sin ir más lejos, en 2019, el 6% de los homicidios fue cometido por un menor de 18 años y el número de crímenes contra la propiedad ascienden al 15%. Una situación ante la que nuestro sistema no terminó de encontrar una respuesta efectiva y que acentúa el ya mencionado efecto “puerta giratoria”. Como si a este panorama no fuese lo suficientemente desolador cabe señalar, tal como lo mencionó él en ese entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano,que por cada 100 delitos que se cometen, menos de una persona está
cumpliendo prisión efectiva. En resumen: Necesitamos una profunda revisión de nuestro código penal y de nuestros procesos judiciales.
¿Por qué hablar de una reforma de nuestro sistema penitenciario? Tal como lo mencionamos previamente nuestro sistema carcelario esta colapsado y esto trae, entre otras consecuencias, un aumento de las tasas de reincidencia. De acuerdo con datos del informe de Reincidencia en Argentina realizado por el Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref): En la Argentina, de las 20.000 personas presas que recuperan la libertad cada año, se estima que cerca de la mitad, entre 7000 y 9000, vuelven a delinquir, a pesar de que el Estado invierte en cada una de ellas aproximadamente 10.000 dólares al año. A estos datos se suman el hecho de que solo el 30% de quienes estuvieron presos manifestaron tener acceso a servicios que los prepararan para la reinserción. Un claro síntoma de que el sistema de patronatos en Argentina no funciona adecuadamente.
El sistema carcelario no es un mero dispositivo de contención en el que se aísla a los delincuentes del resto de la sociedad (o por lo menos no debería serlo) sino un dispositivo que sirva de puente a una reinserción en la sociedad. Una reinserción que tiene que estar conducida por una educación en valores y asi lo demuestran los números: De las 151 personas que obtuvieron su título universitario mientras estaban detenidas, gracias a UBA XXII, el programa de estudios de la Universidad de Buenos Aires en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que
comenzó a funcionar en 1985, ninguna reincidió; y de los 342 expresos que lograron oportunidades de trabajo a través de Fundación Espartanos (organización que promueve la inclusión sociolaboral tendiendo un primer puente mediante el rugby), el porcentaje de reincidencia fue del 5%. Estos casos son la clara muestra de que una reforma en nuestro sistema penitenciario es posible y para esto tiene que haber un trabajo coordinado entre las diversas áreas de gobierno y asociaciones.
A modo de síntesis de todo lo expuesto solo me resta decir que en la medida que sigamos viendo a la seguridad a partir de cuestiones superficiales vamos a seguir cayendo en medidas reduccionistas que no nos van a llevar a ningún lado. Como ante todo problema, debemos asumir el compromiso de resolverlo desde su raíz y considerar a su vez todo su conjunto para así crear soluciones verdaderamente efectivas.
Por Juan Martin Tito
