La litigiosidad laboral vuelve a crecer y amenaza la generación de empleo formal

dos de una misma provincia, demuestra el nivel de arbitrariedad con el que se evalúan los daños laborales. En este contexto, donde demandar no implica costos para el trabajador y la probabilidad de obtener un fallo favorable es muy elevada, “los incentivos a litigar son enormes”, destaca el informe de IDESA.

Las consecuencias sobre el Sistema y el empleo son contundentes. Entre 2004 y 2017, los juicios anuales pasaron de 3.800 a 125.000, lo que elevó la alícuota promedio del seguro de riesgos del trabajo del 2% al 3% de la masa salarial. La sanción de la Ley 27.348 permitió reducir temporalmente esa litigiosidad a 60.000 casos por año y bajar la alícuota a 2,5%. No obstante, desde 2022 los juicios volvieron a crecer hasta alcanzar nuevamente los 125.000 anuales en 2024, volviendo a encender las alarmas.

La propuesta del centro de estudios es clara: no se requiere una nueva ley, sino terminar de implementar la normativa vigente. En particular, avanzar en la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses en cada provincia y aplicar un procedimiento laboral en el que la Justicia actúe como instancia recursiva, sin volver a evaluar la incapacidad ya determinada por las Comisiones Médicas. “Lo más relevante es sostener criterios únicos y no habilitar nuevas instancias de interpretación”, sostiene el informe.

IDESA advierte que la pasividad frente a esta problemática desalienta la creación de empleo formal y eleva el riesgo de que los empleadores se queden sin cobertura de riesgos del trabajo, como ocurrió a fines de la década de 1980. “Sin seguro de riesgos del trabajo, la litigiosidad no solo destruye empleos sino también empresas”, señala el documento.

Por esto, enfatiza que avanzar con la instrumentación de la Ley 27.348 no solo es una cuestión técnica, sino una estrategia de alto impacto social para preservar la generación de empleo y la viabilidad del mercado laboral.

Fuente: 100 SEGURO