Guerra tributaria. Los contadores van contra la AFIP por una polémica resolución y piden su derogación
CÓRDOBA.- Una resolución de la AFIP puso en alerta a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) de todo el país que piden su suspensión y derogación. Se trata de la RG 4838 que establece el régimen es de información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales. De no tener una respuesta del organismo, los profesionales acudirán a la Justicia y muy probablemente se sumarán los abogados, también alcanzados por la norma.
Todos los CPCE del país en representación de sus matriculados presentaron el reclamo ante la AFIP, al que se sumó la Federación Argentina (FACPCE), que los representa. Por ahora, el reclamo es administrativo a la espera de una respuesta. La clave de la solicitud es que la resolución obliga a los contadores a informar al ente recaudador cuando realicen una planificación tributaria para un cliente.
José Simonella, presidente del CPCE Córdoba -el primero en presentar el reclamo- explica que la resolución genera «preocupación» por dos puntos principales: «Obliga a violar el secreto profesional y, a la vez, la AFIP estaría legislando ya que el secreto profesional está dado por la Constitución«. Hasta el momento el organismo no subió el aplicativo en su plataforma que es el que deberán empezar a completar los asesores tributarios.
La normativa indica que los asesores fiscales y los contribuyentes deben suministrar «información clara y precisa que permita comprender la planificación fiscal e identificar la ventaja fiscal o el beneficio esperado. Cuando un asesor fiscal se ampare en el secreto profesional deberá notificar al contribuyente para que este sea quien cumpla con la obligación», indica el texto.
El comunicado de FACPCE plantea que resulta «inadmisible a la ética profesional» que la AFIP «pretenda colocar» a quien asesora en materia de derecho tributario como «sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional». Agrega que la obtención de «pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los principios constitucionales».
Desde el CPCE Jujuy, su titular Blanca Juárez ratifica que en cuanto se publicó la resolución -octubre pasado- comenzaron una serie de acciones a través de la federación «ya que los términos de la norma violenta el secreto profesional y eso representa quitarle la confianza del contribuyente«. Enfatiza que primero se trataron de agotar toda la vía administrativa. «Cumplido el plazo, nos quedan las otras instancias que habilita la ley de procedimientos», define.
Las presentaciones realizadas por los consejos ante la AFIP insisten en que el poder de Policía del Estado en materia tributaria, «siempre ha contado con herramientas coercitivas las cuales, correctamente aplicadas, permitirían alcanzar el objetivo tendiente a que los particulares ajusten su accionar a las exigencias sin que sea necesario acudir a normas o procedimientos irregulares que no se compadecen con principios y garantías».
Fuentes de la AFIP indicaron a LA NACION que los los regímenes informativos como el que implementó organismo constituyen una «práctica extendida» entre las administraciones tributarias de todo el mundo ya que «permiten verificar que los tributos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles».
«Al ampliar el nivel de conocimiento de las estructuras y operaciones utilizadas por los contribuyentes, la normativa permite identificar áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario», señalan y mencionan que Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.
Germán Dalhgren, presidente del CPCE de Chaco, señala que si bien los regímenes existen en el resto del mundo están «acotados» a grandes empresas, a multinacionales. «En esta resolución lo que cuestionamos se incluye a todo el universo de contribuyentes; un asesor de un monotributista está obligado a informar. No se segmentó la obligación, se ha generalizado y se ha desvirtuado. Hay una violación del secreto profesional, aunque la AFIP considere que no es así».
Silvio Rizza, titular de la FACPCE, añade que en el mundo los regímenes de información son para «planificaciones agresivas y transnacionales; esa es una diferencia enorme».
Fuente: La Nación