Denuncian por “mala praxis judicial” al juez que ordenó suministrarle dióxido de cloro a un paciente

Un abogado hizo una presentación ante la Justicia contra el magistrado Javier Pico Terrero, quien había hecho caso a una cautelar para tratar a un enfermo de Covid-19 con esa sustancia. El hombre murió antes de recibirla.

El juez que ordenó a un sanatorio suministrarle dióxido de cloro a un paciente con Covid-19 fue denunciado este martes por mala praxis judicial. “No se debe judicializar la medicina”, afirmó el denunciante.

Se trata de una presentación realizada por el abogado Vadim Mischanchuk contra el magistrado Javier Pico Terrero, quien hizo caso a una cautelar contra el sanatorio Otamendi para suministrarle dióxido de cloro a un paciente con coronavirus que, finalmente, falleció sin recibir la sustancia.

La denuncia se realizó bajo la caratula de “Mala praxis judicial por intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica” y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 58.

Pico Terrero habilitó una cautelar que obligaba al Sanatorio Otamendi y Miroli a administrar el uso del ibuprofenato de sodio a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa a un paciente en estado grave de coronavirus, prescripto por un médico particular.

El paciente, que no respondía de manera óptima al tratamiento clínico, falleció este lunes. Tras el fallo, el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, había calificado de “mala praxis judicial” la decisión del magistrado.

El profesional que había prescripto el tratamiento alternativo con dióxido de cloro, es el doctor Dante Converti, que habrá marcado en su diagnóstico que el “compromiso pulmonar severo, que recibió tratamiento convencional con oxígeno, pese a lo cual la saturación de hemoglobina continuaba por debajo de los valores normales” e indispensables para la normal respiración de una persona.

“¡Es una locura lo que se ha hecho!”, expresó el doctor Maglia a Télam y consideró al fallo como “un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina, que si bien en algunos casos puede ser beneficiosa para dar respuestas justas a pacientes que lo requieran en este caso es todo lo contrario, absolutamente perniciosa”, aseguró el también asesor jurídico del Hospital Muñiz y del Sanatorio Finochietto.

Este fallo puso sobre el tapete “la competencia de los médicos” y la verificación de sus habilidades y capacitaciones profesionales con el paso del tiempo.

Según la opinión de Maglio, que aseguró comparte con un calificado grupo de encargados de seguridad del paciente de casi todas las organizaciones del país, de seguros médicos y de posgrados, nucleados en un grupo de consultas mutuas, “de la misma forma que para manejar un vehículo, un avión o cualquier medio de transporte se exige una verificación de habilidad de manejo, debería exigírsele a los médicos que renuevan su matrícula médica cada cinco años y que ahora se realiza de una modo casi automático”.

Fuente: Ámbito